El martes 20 de Julio, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que, ahora, deberá pasar el trámite parlamentario.
Esa Ley instaura el Ministerio de la Verdad -de la Verdad Oficial-, que determinará el «relato histórico dogmático», que deberá ser enseñado en los Centros académicos y en los Centros de Formación del Profesorado, y cuya impugnación conlleva sanciones penales.
El Proyecto de Ley contempla la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco -una ley ad hoc-, la disolución de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la «resignificación» del Valle de los Caídos -es decir, la pérdida de su carácter católico, sacro-, la reubicación de los restos mortales de Jose Antonio en un lugar «no preeminente», la salida de la Comunidad Benedictina y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo, denominada Fiscalía de la Memoria Democrática, para la persecución de los «Crímenes del Franquismo».
No cabe hacernos ilusiones, ni proferir baladronadas. El Estado tiene el poder para llevar a cabo los términos de esa ley, por muy inicua que sea. Confiar en los Tribunales y en la Constitución para impedir este desafuero es propio de necios. La Profanación de la Tumba del Generalísimo lo dejó bien claro. La Justicia y la Jerarquía Católica son dos Rameras, que se postran ante el Poderoso.
Si la familia Primo de Rivera llega a un acuerdo con el Gobierno para la exhumación de los restos mortales del Fundador de Falange Española y su posterior inhumación en un panteón privado, el agravio quedará neutralizado. Eso es lo que parecen desear algunos ‘falangistas’ a tenor de sus manifestaciones. Es decir, que no haya que batirse el cobre. Cuando se trató de la Profanación de la Tumba del Caudillo, algunos de esos ‘falangistas’ decían que a ellos Franco les daba igual, pero que «el Gobierno se atuviera a las consecuencias, si se atrevía a tocar a Jose Antonio». Hoy, dicen que Jose Antonio no puede tocarse porque «está en los luceros».
Recogemos aquello que sembramos. Cuando el infame Consejo de Ministros aprobó, en febrero de 2019, el decreto de Exhumación de Franco, la FNFF y la Fundación en Defensa del Valle de los Caídos convocaron una concentración en el Valle, que se llevó a cabo el día 15 de Julio de 2019. Los medios indicaron la presencia de entre 5.000 y 10.000 asistentes. Un grupo de antiguos militantes de AUN y de militantes de Alianza Nacional habíamos organizado un encierro en la Basílica, al término de la Jornada. Así lo hicimos: Iñigo, Carmen, Chema, Antonio, Ramón, Fernando y yo iniciamos el encierro, que debía durar hasta el 18 de Julio, con el fin de hacer un llamamiento a la defensa militante de la Tumba del Caudillo, al choque con la Guardia Civil. Ni los empleados de Patrimonio Nacional, en cuyos terrenos está levantado el Complejo del Valle de los Caídos, ni la Guardia Civil, pudieron sacarnos de la Basílica. Lo hizo el Prior, que nos pidió que desistiérmos para no entorpecer la estrategia judicial de la Comunidad Benedictina. Y ya vimos a que punto condujo esa estrategia.
Para los Patriotas, no se trata de salvar la permanencia de la Comunidad Benedictina en el Valle, ni la legalización de la FNFF. Van a recoger lo que merecen. Fueron ambas las que abortaron una resistencia física. Para los Patriotas, se trata de señalar que «hasta aquí hemos llegado». Ojo por ojo, diente por diente.
Que los cobardes recojan la cosecha de su cobardía: la humillación.
Pedro Pablo Peña.